Tensiones en torno a la reforma de la administración pública local
El Gobierno rumano ha asumido la responsabilidad por cinco de los seis proyectos que componen el segundo paquete de medidas de recuperación presupuestaria. El último, relativo a la reforma de la administración pública, sigue dando quebraderos de cabeza a los gobernantes.
Sorin Iordan, 03.09.2025, 11:17
La adopción íntegra del segundo paquete de medidas para reducir el déficit presupuestario está causando dolores de cabeza al Gobierno de Rumanía. El primer ministro, Ilie Bolojan, se ha comprometido en el pleno del Parlamento a aprobar cinco de los seis proyectos que componen este paquete. Se trata de proyectos relacionados con las pensiones de los magistrados, la reforma del sistema sanitario, la reorganización de las empresas públicas, la reestructuración de las autoridades reguladoras y la introducción de medidas fiscales para combatir la evasión y aumentar los ingresos.
Sin embargo, la coalición formada por el PSD, el PNL, la USR, la UDMR y las minorías nacionales no ha llegado a un acuerdo en relación con el sexto proyecto, relativo a la reforma de la administración pública. Los líderes de los partidos que forman el Gobierno se reunieron también con el presidente del país, Nicuşor Dan, en un contexto en el que Bolojan advirtió que dimitiría si esta reforma no se llevaba a cabo. Según él, una reducción del 25 % de los puestos de la administración pública no sería eficaz, ya que sólo afectaría a los puestos ficticios o vacantes.
El jefe del Gobierno señaló que una reducción real del aparato administrativo debería referirse a los puestos efectivamente ocupados, y no a los que están teóricamente disponibles en los organigramas de los ayuntamientos. El objetivo es reducir en aproximadamente un 10 % el número de puestos ocupados, puntualizó Bolojan tras la reunión con el presidente de Rumanía.
Ilie Bolojan:
«Hasta mediados de septiembre, un grupo de trabajo que se formará dentro de la estructura del Gobierno analizará todas las soluciones para que podamos finalizar este paquete, cuyo objetivo es lograr una reducción del 10 % de los puestos efectivamente ocupados, es decir, del personal. Al mismo tiempo, por supuesto, trabajaremos para reducir los puestos en la administración central, donde también hay margen para recortes de personal. Eso porque tras analizar la situación existente en varias instituciones, hemos constatado que la plantilla es excesiva. Estoy convencido de que se pueden lograr importantes ahorros tanto en la administración central como en los servicios descentralizados del Estado en cada distrito».
Según las simulaciones, una reducción efectiva del personal del 10 % supondría una disminución de aproximadamente el 40 % del número total de puestos. Si se adoptara una medida de este tipo, 13 000 empleados de la administración pública serían despedidos a nivel nacional.
Estas cifras no satisfacen a los sindicatos de la administración, que han anunciado que convocarán una huelga general si el Gobierno no renuncia a esta medida. Los sindicalistas consideran que el Ejecutivo está preparando la mayor ola de despidos de los últimos 30 años sin un análisis real y sin consultar a las organizaciones sindicales, medidas que afectarán directamente a la estabilidad de los puestos de trabajo, los derechos salariales y el funcionamiento de las instituciones públicas.
A los sindicalistas de la administración se les han sumado los del sector educativo, que han anunciado que el inicio del nuevo curso escolar, previsto para el 8 de septiembre, estará marcado por protestas. Los profesores están descontentos, entre otras cosas, por el aumento de la carga lectiva, la reducción de las tarifas por horas extras y la fusión de escuelas.
Versión en español: Victoria Sepciu
