En la prensa de hoy
Ex dignatarios no renuncian a las viviendas de lujo del patrimonio público
Florentin Căpitănescu, 17.01.2013, 14:06
Se vuelve a confirmar que en la Rumanía postcomunista, los políticos disfrutan de privilegios que no les corresponden. El recién gobierno de centro-izquierda, instalado el pasado mes de diciembre, ha publicado la lista de las personas físicas que viven en viviendas de trabajo y de protocolo que pertenecen al estado, administradas aún desde 1996 por la controvertida Dirección Autónoma — Administración del Patrimonio del Protocolo de Estado. Aunque, en teoria, estas viviendas de lujo, la mayoría ubicadas en el centro de Bucarest, deberían estar ocupadas por actuales dignatarios, en realidad, en muchas de estas viviendas viven ex ministros, consejeros o parlamentarios, artistas, empresarios e incluso ex mandatarios en el régimen comunista que nunca han tenido el estatuto de dignatario en la Rumanía postcomunista.
La prensa escrita dedica espacios amplios al asunto. En el artículo titulado “Las sorpresas de las casas de protocolo”, la publicación ADEVARUL escribe que “una serie de personalidades figura en la lista de los inquilinos aunque nunca han tenido la calidad de dignatarios o la perdieron hace mucho tiempo”. “En este último caso — continúa la publicación -, el estado les ha permitido prolongar los contratos tras caducar los mandatos de dignatario”. El rotativo ADEVARUL también cita al primer ministro Victor Ponta quien ha declarado que el número de viviendas administradas por la Dirección Autónoma — Administración del Patrimonio del Protocolo de Estado debería reducirse a unos 50 apartamentos para dignatarios y unas 10 casas de descanso para el jefe del estado, primer ministro y presidentes de las dos cámaras del Parlamento.
“Los inquilinos de lujo del Estado rumano”, titula, a su vez, el periódico EVENIMENTUL ZILEI y añade que “Ovidiu Silaghi, ex ministro de Transportes, Liviu Pop, ex ministro delegado para Diálogo Social y Mircea Geoana, presidente del Senado hasta el 2011 tendrán que abandonar esas viviendas”.
Tras el censo realizado y publicado en línea, el diario GANDUL escribe que “285 personas físicas tienen contratos de alquiler con la Dirección Autónoma — Administración del Patrimonio del Protocolo de Estado y 194 dignatarios ocupan viviendas de trabajo.
Por otra parte, aunque tienen un potencial financiero que les hubiera permitido alquilar o comprarse otras viviendas, los actuales dignatarios prefieren instalarse en las viviendas ofrecidas por el estado. Aunque legalmente no se les puede reprochar nada, moralmente son culpables.
