Medidas y políticas contra la corrupción
La posibilidad de eliminar el abuso de poder de la lista de delitos preocupa a la fiscal jefa de la DNA, Laura Codruta Kovesi.
Florentin Căpitănescu, 10.06.2016, 14:51
Debido a las medidas que ha tomado en los últimos años para luchar contra la corrupción entre las filas de la administración central y local, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha llegado a ser una institución clave del sistema jurídico rumano. Valorada de manera constante en los informes de la Comisión Europea, que sigue aplicando el mecanismo de control sobre la justicia de Rumanía, y puesta como ejemplo de eficiencia para otros países afectados por este azote, la DNA goza de la confianza de los ciudadanos.
A pesar de haber logrado abrir y solucionar numerosos expedientes de corrupción, en muchas ocasiones la institución se ha visto bloqueada sobre todo por algunas tentativas de limitar el marco legislativo y sus atribuciones. Lo ha reiterado la fiscal jefa de la DNA, Laura Codruta Kovesi, que además ha manifestado mucha preocupación por el hecho de que el abuso de poder, un delito que aparece en casi todos los casos de corrupción, podría ser eliminado de la lista. Según Kovesi, este delito aparece en más de un 40% de los casos investigados. Más exactamente en 3.100 de un total de 7.200 expedientes. Además, la despenalización del abuso de poder haría imposible la recuperación de los daños causados por la comisión de este delito, cuyo valor superó, el año pasado, los 600 millones de euros. Este dinero deberá ser devuelto al Estado rumano, pero si el abuso de poder deja de ser considerado un delito, el Estado nunca podrá recuperarlo.
Por otro lado, la fiscal jefa ha dicho que según un análisis efectuado por los fiscales anticorrupción, el abuso de poder deberá seguir siendo un delito penal, ya que existe una legislación clara y previsible al respecto y también una práctica que ha sido unitaria en los últimos 10 años. No es pura casualidad que las denuncias presentadas en el Tribunal Constitucional y que piden eliminar el abuso de poder de la lista de delitos pertenezcan a personas investigadas por este delito. Entre estas personas figuran la exjefa de la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT), Alina Bica, y un expresidente del Consejo Local de Constanza (sudeste), Nicuşor Constantinescu.
Además, la importancia de esta medida ha sido destacada este jueves en Bucarest por el jefe de la Academia Internacional Contra la Corrupción, Martin Kreutner, que ha recordado que la legislación rumana vigente es reconocida por los foros internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
(traducido por S.Sarbescu)
